Izquierda Unida apoya la huelga general del sector público del día 8

RAZONES PARA IR A LA HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO DEL DÍA 8 DE JUNIO

Ante esta situación, debemos dar una respuesta inmediata y contundente, teniendoen cuenta que estas medidas son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación.

La decretazo del Gobierno no es una salida para la crisis. Más bien, van a suponer el aumento del paro puesto que los empleados públicos van a perder poder adquisitivo y por lo tanto capacidad para consumir. Además suponen un ataque en toda regla a lo público, a lo social, a lo que puede ayudar a los más necesitados en este tiempo de crisis económica. No se hacen recaer los esfuerzos en quienes la originaron y pretenden que los trabajadores y trabajadoras, que no la hemos provocado, seamos los que paguemos los platos rotos.

Además el Gobierno rompe unilateralmente el Diálogo Social en el Sector Público. Los Acuerdos vigentes ya contemplaban medidas de contención salarial suficientes
para el escenario de crisis. De hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de dichos Acuerdos
y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.

La Negociación Colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española. Con estas medidas, una vez más, el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

Luego estamos ante un Gobierno que no respeta los acuerdos a los que llega con los trabajadores y tampoco respeta las normas básicas que elabora con el acuerdo de los trabajadores.

La reducción de salarios no solo afecta al personal funcionario, sino a todas las empleadas y empleados públicos. Debemos manifestar públicamente nuestro rechazo a la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario, vertida por los medios de comunicación.
La inmensa mayoría de este personal se puede considerar mileurista, ya que más del 60% no superan los 1.500€ en bruto.

Debemos denunciar que, cuestionando el sector público, se está abriendo la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo. Contamos con servicios públicos que son los más eficientes de toda Europa.

El Gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos y sólo pretende hacerlo sobre los gastos. En este sentido, conviene recordar las políticas fiscales que han mermado los ingresos del Estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia.
En otros países de nuestro entorno se están tomando medidas para que las grandes fortunas y las empresas también contribuyan en la reducción del déficit público, y aquí solo se actúa sobre los que tenemos nómina.
Decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas (inequitativas además) del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen
al margen de la renta de quien la percibe, o la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital, han privado al Estado de recursos que ahora serían
determinantes.
Además, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de
importantes ingresos al Estado.
Todo lo anterior ahonda en el que seamos las rentas del trabajo las que soportamos los ingresos del Estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes.

El Gobierno, contra lo que ha venido reiterando y lo que nos intentó vender de que el Estado del bienestar no se toca y los derechos sociales tampoco; ha variado el timón
del barco y navega sin complejos en la ruta de mermar lo público, las políticas sociales y el gasto social;  mostrando su auténtica cara neoliberal y antisocial. Baste recordar que entre las medidas, además de la que afecta a las retribuciones del sector público, hay otras como la congelación de las pensiones, las que afectan a la Ley de
Dependencia, las que afectan a la cooperación internacional, etc.

Por la defensa del sector público: ¡No a los recortes salariales y sociales!